En 2012, luego de haber sido una de las principales sospechosas en el caso de la muerte de su hija Paulette, Lizette Farah demandó al Gobierno del Estado de México.
Han pasado 10 años desde la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, la niña de 4 años que fue hallada muerta días después de que sus padres reportaran su desaparición y días después encontrada muerta debajo de el colchón de su propia cama. Su madre, Lizette Farah, y su padre, Mauricio Gebara, fueron arraigados en su domicilio por ser los principales sospechosos de la muerte de la pequeña. Tras ser liberados días después, la pareja comenzó a acusarse mutuamente. Ahora que Netflix ha lanzado una mini serie del caso, se han revivido videos, entrevistas y detalles del caso que marcó a México.
La demanda contra Peña Nieto
Para 2012, Lizette Farah interpuso una millonaria demanda contra el gobierno del Estado de México, específicamente contra Enrique Peña Nieto, quien era gobernador cuando ocurrieron los hechos.
&feature=emb_title La abogada de profesión, informó entonces a los medios de comunicación que debido a que se sintió dañada y acosada por los señalamientos hacia su persona, el 7 de septiembre del 2011 presentó una demanda contra el entonces gobernador del Edomex, Enrique Peña Nieto; así como al procurador Alfredo Castillo; al ex procurador Alberto Baz y a la psicóloga Sandra Yadeum Angulo, quieb participó en el caso. La demanda exigía más de 531 millones de pesos por daño moral y prejuicios pues de acuerdo a Farah, quería irse del país puesto que, dijo, recibía constantes amenazas de muerte y planeaba vivir cómodamente en los siguientes 35 años. “Se oye aparatoso el número, pero es a 35 años, es un gasto en dólares porque yo no puedo seguir viviendo aquí por el acoso que tengo. Se hizo un estudio de mercado de cuánto cuesta una televisión, cuánto cuestan los estudios de mi hija, cuánto cuesta la atención psicológica, el ballet, los perros, porque tengo cuatro mascotas, todo eso trasladado a una vida en Estados Unidos como la que yo tenía aquí”, dijo en entrevista para el periódico Reforma.
Además, aseguró que por la cobertura mediática ella no podría trabajar en México, y tampoco en Estados Unidos. “Ocasionaron un daño moral a mi persona, un daño social, porque yo no puedo salir a la calle todavía. Me gritan ‘asesina’, me quieren matar, todos los días tengo amenazas, no tengo un trabajo, no tengo posibilidad de trabajar y si me voy al extranjero, yo soy abogada, allá no voy a poder ejercer mi profesión porque las leyes son diferentes y tengo que mantener a mi hija y a mi madre”, expresó. Además, señaló a Enrique Peña Nieto, que para entonces ya era candidato a la Presidencia de México, como la cabeza del órgano que la juzgó. “A mí a la fecha no se nos ha presentado ningún abogado que diga: ‘soy el abogado del señor Peña Nieto’. Lo único que estoy diciendo es que el señor es responsable por ser la cabeza del órgano que me juzgó a mí. Si llega a ser Presidente me va a matar, hoy no es nada más que un candidato y yo recibo señalamientos y amenazas todos los días”, aseguró en 2012. Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la demanda de Farah.
