La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado, el pasado 30 de junio de 2025, la condena de dos años y un mes de prisión impuesta a Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido artísticamente como Diego «El Cigala». El falló valida íntegramente la condena dictada originalmente en diciembre de 2024 por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Jerez de la Frontera, desestimando los recursos presentados tanto por la defensa como por la acusación particular.
La condena se fundamenta en tres episodios de malos tratos contra su ex pareja: uno en un hotel de Jerez de la Frontera (6 meses de prisión), otro en un establecimiento de Palafrugell, Girona (8 meses), y un tercero en su vivienda de Jerez, considerado agravado por haberse cometido en presencia de sus hijos (11 meses). Además, se le impuso una pena complementaria de 25 días de localización permanente por vejaciones continuadas.
La sentencia también incluye la orden de prohibición de comunicación y acercamiento a menos de 200 metros de la víctima por un periodo de dos años para los tres delitos principales, así como durante seis meses tras las vejaciones. Este régimen de protección se mantiene en vigor desde 2021 por auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Jerez.
En el juicio, la ex pareja de «El Cigala» describió la relación como “un infierno” en el que fue tratada “como un cubo de basura”, y relató múltiples episodios de agresiones físicas y verbales. Aunque se absolvió al cantaor de un episodio en el aeropuerto de Punta Cana (agresión no probada), los tribunales avalaron plenamente los otros tres hechos.
La condena ha tenido impacto social inmediato: varios ayuntamientos, entre ellos los de Murcia, Elche, Gijón, Elche y A Coruña, cancelaron actuaciones programadas del artista, rechazando su presencia en actos culturales. En A Coruña, incluso se revocó la cesión de un espacio público para un concierto previsto el 20 de julio, motivado por la presión política en defensa de los derechos de las mujeres.
Aunque la condena ya es firme en segunda instancia, aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo mediante el llamado “recurso de casación”. Mientras tanto, queda pendiente determinar la fecha de ingreso en prisión, que podría ser inminente. Este caso reabre el debate público sobre la violencia de género y la responsabilidad de autoridades culturales y políticas al permitir figuras condenadas por este tipo de delitos.
La ratificación judicial del fallo convierte la condena en definitiva, pero el proceso legal aún no ha concluido. El impacto mediático y cultural es profundo, y las consecuencias legales y sociales seguirán desarrollándose.
