El arreglo entre los actores se concretó semanas después de que se enfrentaran en un juicio programado en Nueva York. El conflicto comenzó cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni, a quien acusó de acoso profesional, personal y sexual durante el rodaje, además de señalar represalias y una supuesta campaña de desprestigio. En respuesta, el también actor interpuso contrademandas por difamación y daños a su reputación, lo que derivó en una batalla legal de alto perfil mediático con múltiples acusaciones cruzadas.
A lo largo del proceso, varios de los cargos fueron desestimados por el juez, incluyendo algunas de las acusaciones más graves, mientras que otros, como los relacionados con represalias e incumplimiento de contrato seguían vigentes y estaban a punto de llegar a juicio. Esta situación incrementó la presión sobre ambas partes para buscar una resolución fuera de los tribunales.
Finalmente, mediante un comunicado conjunto, Lively y Baldoni confirmaron que lograron un acuerdo confidencial, cuyos términos no fuero relevados públicamente. En el documento, ambos destacaron el impacto de la película en la concientización sobre la violencia doméstica y manifestaron su intención de avanzar hacia un entorno laboral más respetuoso.
El cierre del caso marca el fin a más de un año de tensiones legales y mediáticas que también involucraron a figuras cercanas como Ryan Reynolds.